En una sociedad tan envejecida como la
uruguaya, los derechos de los jóvenes muchas veces no son visibilizados y
resultan vulnerados con facilidad. La Intendencia de Montevideo desarrolla una
gran variedad de programas dirigidos a jóvenes con el objetivo de brindar
oportunidades equitativas, tanto en el campo laboral como en el académico y
cultural, desde un enfoque solidario y consolidando espacios de participación
que contribuyan a la integración social y a la promoción de sus derechos
fundamentales.
La comunicación digital es una herramienta
fundamental para la visibilización de las políticas públicas y la difusión de
los derechos. Las redes sociales corrieron los límites de lo público y lo
privado, y ayudaron a construir una nueva subjetividad. Los jóvenes hacen un
“show del yo” (Sibila, 2008) registrando toda su vida en las redes sociales.
Por tanto, siendo este ecosistema el medio natural de los jóvenes, resulta
necesario aprovechar todos sus recursos y modificar las estrategias de
comunicación para que conozcan sus derechos, los exijan y los ejerzan.
Teniendo en cuenta este panorama, podemos
considerar la plataforma Montevideo Decide como un ejemplo de acciones
innovadoras que desde la Intendencia se realizan para garantizar el derecho a
la participación. Allí se impulsa a debatir, consultar y proponer ideas para la
ciudad. Si bien la plataforma está dirigida a toda la ciudadanía, también
representa un intento por captar el interés de los jóvenes en las decisiones
que afectan a su ciudad y reconocer su derecho a participar en las discusiones
y proponer nuevos puntos de vista.
En correlato con estas acciones, y también
dentro de esta plataforma, la
IM promueve la transparencia en el ejercicio de la función administrativa y
garantiza el derecho fundamental de todas las personas al acceso a la
información pública, como condición indispensable para promover la
participación social y política en la ciudad. Para construir una
sociedad justa es necesario que todos sus actores puedan gozar plenamente de
sus derechos y la IM, como
promotora de políticas sociales, tiene el deber de garantizarlos.
Creemos
entonces que para acercarnos a solucionar nuestra problemática es necesaria la
promoción de nuevos canales de participación, que empoderen a los jóvenes y profundicen
su conocimiento sobre sus derechos, a la vez que se garantice desde la
institucionalidad el acceso a la información como valor indispensable para
fortalecer las políticas públicas.
Una sociedad justa se logra con el aporte de
todos sus integrantes y eso incluye a los jóvenes, que con sus experiencias y
formas de ver el mundo, pueden ayudar a ver otras soluciones a los problemas
actuales. Por tanto, coartar esos derechos resulta perjudicial no solamente
para ellos sino para la sociedad toda.
Martín Rosas y Lucía Castillos
Referencia:
Sibila, Paula. 2008. La intimidad como espectáculo. Buenos Aires: Fondo de Cultura
Económica
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